El tridente de movimientos populares conformado por CTEP, CCC y Barrios de Pie, junto a un grupo de diputadas de distintos espacios, presentará el viernes próximo en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley que buscará declarar la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres. En 2018 se registró un femicidio cada 29 horas. 

El proyecto se basa en cuatro puntos centrales: Creación de casas de prevención en espacios populares, con asesoramiento y acompañamiento de profesionales; Casas sin violencia, que son hogares temporales que brinden alojamiento para las mujeres y sus hijos; Independencia económica, con un ingreso equivalente al Salario Social Complementario, el incremento del 75% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y un plus por subsidio habitacional; y la creación de un Cuerpo de Promotoras Territoriales de Género, formado desde las organizaciones sociales, que visibilicen y acompañen a las mujeres en los barrios populares.

El viernes 24, desde las 15, habrá un festival y una feria en las inmediaciones del Congreso. A partir de las 17, se hará la presentación formal en el Subsuelo del Anexo A de Diputados, con la presencia de diputadas de distintos bloques y de representantes de las organizaciones sociales. “Vamos a hacer un festival y una concentración de las compañeras de todos los movimientos populares, para tener también una presencia fuerte en la calle. Es importante porque también empalma en un mes en el cual que se hace la presentación del proyecto de aborto seguro, legal y gratuito, cuatro días después”, adelantó Marina Cardelli, militante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP – Movimiento Evita – Seamos Libres).

La diputada nacional Lucila de Ponti (PJ – Movimiento Evita), a cargo de dar al proyecto vía parlamentaria, explicó a Ansol: “Se establece una serie de disposiciones que tienen que ver con destinar una mayor cantidad de recursos presupuestarios para llevar adelante el programa para la prevención y erradicación de la violencia de género. El objetivo es que el Estado intervenga de manera más efectiva, a partir de la denuncia de la víctima”.

Según un relevamiento del Observatorio Ahora que sí nos ven, durante 2018 se registraron 304 femicidios (266 femicidios íntimos de mujeres y 38 femicidios vinculados de mujeres, hombres, niños) lo que representa un femicidio cada 29 horas; al menos 275 niños y niñas quedaron huérfanos por esas situaciones. Del total de las mujeres asesinadas durante el 2018, el 17% había realizado denuncias judiciales o policiales contra sus agresores.

Para la legisladora, esta situación indica que “hay una falla importante de las instituciones de cómo se interviene en esos casos para proteger a las mujeres cuando realizan este tipo de denuncias”. Por tanto, el proyecto “tiene el objetivo de llevar adelante medidas que incidan en que podamos disminuir los índices de violencia y de femicidios que tenemos en  Argentina”.

De Ponti aseguró que el proyecto ya cuenta con el apoyo de diputadas de distintos bloques como “el Movimiento Evita, el Frente Renovador, el Bloque Justicialista, el kirchnerismo, que firmaron y la idea es que después respalden el tratamiento en comisiones del presupuesto”. El proyecto se presentará “con 15 firmas, que es el máximo permitido legalmente”.

“Es una demanda del movimiento de mujeres”, continuó la diputada feminista. “Hay proyectos similares, pero esta es la primera vez que las organizaciones de mujeres han trabajado y elaborado de conjunto un proyecto que, por lo tanto, tiene un gran respaldo del movimiento de mujeres. Surge por iniciativa de algunas organizaciones, nosotros lo que hacemos es darle la vía parlamentaria”.

Finalmente, marcó: “Es un proyecto muy necesario por el momento que vivimos en Argentina, con un claro deterioro del nivel económico, que también se manifiesta en las cifras de violencia de género que estamos viviendo, las cuales nos hablan de un femicidio por día, de más de medio millón de denuncias en los últimos años, etc. Necesitamos dar una respuesta muy contundente desde las instituciones, para que esta situación pueda ser revertida”.

 

Características y construcción del proyecto de Ley

Marina Cardelli, que trabaja en el proyecto desde las bases, contó a Ansol detalles de la construcción del mismo: “Se construyó a partir de la unificación de distintas iniciativas: La Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia Contra las Mujeres, de las compañeras de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que la impulsaban desde hace un año; otras propuestas de ley que se discutían en la Secretaría de Géneros y Diversidades de la CTEP, vinculadas a subsidio habitacional para las mujeres víctimas de violencia; y la propuesta del Movimiento Evita, que son las 100 mil promotoras territoriales de prevención contra la violencia machista, que es a su vez una de las leyes que integra el paquete de Leyes Micaela”.

Cardelli remarcó que “exigimos también el cumplimiento de la Ley de Prevención y Erradicación de violencia contra las mujeres, que no se cumple”. La situación “es tan grave y la profundización de la violencia a partir de la crisis es tan fuerte, que si no hay una decisión del Estado a la altura de las circunstancias, de alguna manera se está participando en empeorar la situación de vulnerabilidad de las mujeres”.

Uno de los puntos centrales del proyecto es “la propuesta de las 100 mil promotoras territoriales”, que “no es solo un subsidio y garantizar el ingreso y el lugar; esas son respuestas a una violencia que ya ocurrió”. Para Cardelli, la prevención es un eje primordial: “Cuando decimos que el acceso a la justicia se dificulta, es porque si no se aplica la Educación Sexual Integral (ESI), por ejemplo. Si no hay estrategias preventivas desde el Estado, es muy difícil que se pueda revertir la situación”.

“Exigimos al Estado que se haga cargo. No queremos remplazar las obligaciones del Estado. Si nos estamos organizando, generando redes de prevención, el Estado por lo menos disponga de los recursos necesarios. El proyecto tiene un eje muy preventivo. La violencia no se resuelve con punitivismo, sino con prevención y política pública”, aseguró.

Finalmente, la militante feminista habló sobre las expectativas de lograr que el proyecto se apruebe en un año electoral, con las dificultades que eso plantea. “No es simple que se quiera debatir ninguna ley; sobre todo, con un pedido de presupuesto. Pero es cierto que si el Congreso se pone en funcionamiento, es una ley a la cual negarse puede llegar a tener un costo político muy importante. Decir que no, cuando la situación es tan flagrante, puede tener un costo alto y eso nos da expectativas”, concluyó.

Al momento, las diputadas firmantes son De Ponti, Gabriela Cerruti, Cristina Álvarez Rodríguez, Mónica Macha, Vanesa Siley, Silvia Horne, Carolina Moisés, Cecilia Moreau, Araceli Ferreyra, Victoria Donda, Mayra Mendoza y María Emilia Soria.

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jr 

Editor Ansol

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