Desde mediados del año pasado se discuten las modificaciones a la Ley de Semillas. Las posturas más radicales tienen de un lado a empresas como Monsanto y al Gobierno de Cambiemos; del otro, a organizaciones del sector y a políticos de la oposición. Una tercera postura es la de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), que plantea “una postura de equilibrio”.

27 FEB 2019 (ANSOL) El vicepresidente de Coninagro, Norberto Niclis, contó cuál es la postura de la confederación: “Necesitamos una Ley de Semillas renovada, que permita que los potentores de semillas puedan cobrar por su investigación, pero al mismo tiempo que sea justa y se puede llevar adelante en la práctica”. Además, planteó: “La Ley debe dar lugar al uso de semilla propia a productores de menor escala”.

Las semillas de uso propio son aquellas que se compran y producen un cultivo. De ese cultivo, puede dejar una parte para sembrar el año siguiente. Esto puede ser oneroso o no. “Se debe declarar esa semilla y pagar una regalía, menos gravosa que la original, por algunos años y después se deja de pagar. Hay productores que están en zonas donde pueden asumir los costos y otros, no. Sería para productores de menor escala. Esto está contemplado dentro del proyecto de ley”, aseguró.

Niclis aseguró que la posición de Coninagro “es a favor de que se puedan incorporar materiales con adelantos tecnológicos –en este caso, los transgénicos-, pero sin un cobro excesivo y sin que signifique el cobro de patentes, porque no estamos de acuerdo en que se patenten seres vivos. Sí estamos de acuerdo en que se cobre y se pague por el trabajo realizado por las empresas productoras”.

La sanción de la Ley no es el final del arcoíris. Lo fundamental es que “debe haber un organismo de control para que se pueda cumplir. Ya existe; es el Instituto Nacional de Semillas (INASE), que es un ente autárquico, y debe estar compuesto por gente del Gobierno, de los semilleros, de los productores y de los multiplicadores. Tienen que estar todos los actores involucrados y debe funcionar con la autonomía necesaria para el buen funcionamiento”, advirtió Niclis.

Hay una ley que contempla todo esto. El tema es que no funciona como debería. Por otra parte, la ley vigente no permite el acuerdo privado y sí permite el uso propio gratuito de la semilla. La nueva ley debería reforzar el organismo de control; el uso propio sería oneroso por algunos años –no gratuito totalmente-; es decir, que el productor vende la semilla original y sigue cobrando por algunos años”, profundizó el especialista.

Coninagro subrayó que este “no es el acuerdo que quiere Monsanto” ni tampoco “planteamos que sea todo absolutamente gratis”. La postura de Coninagro “es de equilibrio”. La idea es que “quien produce pueda cobrar, pero que no haya un abuso. Queremos también que se puedan sacar semillas de uso propio, pero que por algunos años sea oneroso para que sea realmente de uso propio y no para que alguno la multiplique de manera clandestina Por eso, insistimos con el organismo de control”. Básicamente, “se trata de corregir la ley actual, que tiene algunos vicios”, concluyó Niclis. 

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jr 

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