La parrilla El Quincho está ubicada en Dellepiane y Balbín, a metros del Casino Flotante. Allí, trabajan 14 personas, en su mayoría adultos mayores. También trabaja un chico con discapacidad, al que le falta una pierna y parte de un brazo. El casero , además de trabajar, tiene su hogar en el lugar. Allí, todas las mañanas se ofrece el desayuno a unas 40 familias del barrio Rodrigo Bueno. Hoy, el Estado Nacional pretende desalojarlos y ellos piden que al menos los reubiquen en otro espacio.

14 FEB 2019 CABA (ANSOL) El caso despertó la solidaridad de los vecinos. Se acercaron para ayudar el Ministerio Público de la Defensa, abogados que tomaron la causa ad honorem y, sobre todo, las familias de Rodrigo Bueno. Natalia Quinto pertenece a la multisectorial La Boca Propone y Resiste, compuesta por organizaciones que tienen como principal preocupación a los chicos del barrio, y ve este desalojo como parte de un entramado con fines de lucro inmobiliario.

“Esto viene atado a una cuestión inmobiliaria. En La Boca, hay un promedio de tres desalojos por semana de viviendas familiares, que son remplazados por viviendas lujosas de alquiler temporario”, apuntó Quinto y agregó: “Esta zona lindera al Puerto forma parte de lo que llamamos el Proceso de Centrificación. Es el cordón que une Puerto Madero con los barrios del Sur. La Dirección Nacional de Puertos (dependiente de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, que a su vez se encuentra dentro del Ministerio de Transporte) es quien revoca la cesión de uso. No se notificó en el lugar, sino en un domicilio de un tercero y no se permitió ejercer una legítima defensa en la causa. Todo esto es un artilugio legal que usa la Dirección de Puertos para poder agilizar el desalojo. Esto responde a beneficios comerciales para los nuevos beneficiarios de las tierras”.

“Al estar ubicadas en el puerto, las tierras pertenecen Estado Nacional, quien está negando a las familias el derecho al trabajo, sin dar posibilidad de respuesta alguna. Queremos que el Estado medie de manera tal que ninguna de las partes se vea perjudicada en su derecho. Nadie dice que los permisos no puedan ser revocados. Solo se pide que no se vulneren derechos y se reubique a las personas”, apuntó Quinto.

El lugar es una cesión que hace el Estado al usufructo de ese espacio para el sostenimiento de distintas actividades sociales. A la parrilla, se le argumenta la revocación del permiso de uso, a partir de una clausura del lugar. “La gente trabajó en reunir las condiciones de mejoramiento. Sin embargo, se intentó este martes hacer el desalojo del lugar, con presencia de Gendarmería y de oficiales de justicia. No sabemos qué los hizo deponer la actitud, pero entendemos que la propia irregularidad en el proceso, al ser observadas por algunos organismos, fue la que los hizo desistir”, analizó Quinto, quien trasladó a este medio el pedido de los trabajadores de El Quincho: “Se pide que se le de el mismo plazo que al resto de entidades similares, en lugares cercanos. El tiempo que se pide es para poder trabajar en la reubicación de estos puestos de trabajo. Quieren estar dentro de la causa, realizar una defensa legítima y mediar en el conflicto”.

Para Quinto, “el gobierno que dice ser ‘del diálogo’ opera de una manera prepotente. Uno espera que de las tierras nacionales se haga un usufructo que sea beneficioso para la comunidad, pero acá no van a hacer un hospital ni una salita de emergencias. Entonces, no sé a quién beneficia. Tierra pública que pasa a manos de un privado es tierra que no va a ser nunca un hospital o una escuela. Cuando uno ve quiénes son los fideicomisos que construyen esos edificios lujosos, advierte que son los propios funcionarios”.

Finalmente, advirtió: “Parece un caso individual, pero se enmarca en un proceso que es colectivo y que en realidad perjudica a muchas familias”.

Editor Ansol

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