En la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE) se realizó este viernes una conferencia de prensa, a las 10:30, en la sede nacional que la entidad tiene en Cerrito 146. La conferencia estuvo a cargo de José Álvarez, presidente de la entidad, y Carlos Ciapponi,  titular de CALF, la cooperativa eléctrica más importante del país. Los anuncios de la conferencia estuvieron ligados a una medida de las cooperativas en contra de los aumentos tarifarios eléctricos en el mercado mayorista.

Finalmente, hoy, en la conferencia el anuncio fue formalizado y, además, contó con el aval de FACE, la federación que nuclea a todas las cooperativas del país.

El presidente de FACE, Álvarez, fue el primero en tomar la palabra y aseguró: “Tenemos 240 cooperativas en 14 provincias y cada una tiene una distinta realidad. Hablamos sobre el planteo de CALF y decidimos hacer una defensa irrestricta a nuestros asociados”. Álvarez remarcó que “las cooperativas han tenido que lidiar con fuertes reclamos de los usuarios/asociados durante los últimos tres años, ante los cuales hemos tenido que poner la cara y hemos tenido que hacer todas las aclaraciones correspondientes a cada asociado/usuario porque le tocaron el bolsillo a la gente”. En ese sentido, aclaró: “No somos los que ponen el precio de la energía. No tenemos incidencia para fijar el precio. El formador de precio es el gobierno nacional. Es una política del gobierno nacional”. Álvarez explicó: “No planteamos desobediencia. Decimos que primero vamos a tener una morosidad más alta de la que ya tenemos. Luego, las cooperativas no van a poder pagar a Cammesa, que aplica además altos intereses a las cooperativas. Eso nos obliga a estar en alerta. Queremos defender a las cooperativas, que tienen ya muchos años y se han sostenido a lo largo de distintos gobiernos. Queremos ser partícipes, que nos escuchen y ser parte de estas políticas de Estado”.

CALF, que maneja un presupuesto de 3 mil millones de pesos, es la punta de lanza de este planteo que el sector hace al Gobierno y contó por qué esa cooperativa será la única que en rigor se niegue a pagar la suba. “La mayoría de las cooperativas eléctricas no tienen el rango de distribuidoras. Por tanto, no compran energía directamente a Cammesa. Sin dudas, afecta a todas, pero desde el punto de vista operativo la situación es diferente (…) Sé que las demás cooperativas no pueden accionar de la misma manera que CAFL porque el 95% no trata directamente con Cammesa”, resumió. Álvarez agregó que el resto de ese porcentaje que sí trata de manera directa con Cammesa “estamos evaluando y en alerta”. Las cooperativas del país, “si no pagan, nos cobran intereses desmesurados. Y como cooperativistas debemos ser cuidadosos con el patrimonio de los asociados y no tomar malas decisiones”, apuntó.

CALF brinda servicio a unos 100 mil usuarios en la ciudad de Neuquén. Ciapponi ejemplificó: “Un vecino de Neuquén de un consumo normal de una vivienda de clase media-baja estaba pagando 300 pesos a principios de 2016 y hoy intenta pagar $ 5.400, sin contar el aumento que viene ahora. El aumento de Cammesa para las distribuidoras tiene un impacto tremendo. No sólo aumentaron el cargo de energía, sino también por potencia, en 800%, y por aporte al Fondo Nacional. No tenemos deuda. Somos de los pocos que se han mantenido al día con Cammesa pese a todos los aumentos. Decimos que este aumento no está justificado económica, técnica y socialmente este incremento”. Ciapponi agregó: “CALF hizo todas las inversiones correspondientes. Los vecinos de Neuquén aportaron a Cammesa en 2018, $ 1.200 millones. Y $ 500 millones en impuestos nacionales y fondos. No recibimos nada del Fondo, el IVA no sabemos a dónde va y la calidad del servicio que nos debe garantizar Cammesa es mala. En Navidad, un cuarto de la ciudad de Neuquén estuvo tres horas sin electricidad por un problema de Cammesa y encima me quieren aplicar un aumento de $ 50 millones. Para CALF, hoy en día la factura es $ 100 millones y la quieren llevar a $ 150 millones. Es imposible”.

Ricardo Airasca, presidente de la Comisión de Política Energética y tarifaria de FACE, puntualizó: “Tenemos mucho para aportar y, antes de llegar a medidas extremas, tenemos que intentar ser escuchados. La situación es muy difícil. Nosotros también empezamos a financiar a nuestros usuarios, por el alto nivel de morosidad. La electricidad es un servicio esencial. No es una cuestión de rebeldía. Es que no va a haber dinero para pagar. Si la gente no puede pagar, las cooperativas no van a poder pagar a Cammesa. Estamos a tiempo para tomar medidas, pero tenemos que abrir un diálogo ya con el Gobierno Nacional”.

Guillermo Farabello, secretario de FACE, profundizó sobre el punto de “financiar a los usuarios”. “Además de pagar a Cammesa, hacíamos las inversiones necesarias para brindar un servicio eficiente. Ahora, tenemos que también financiar a los usuarios. Dinero que tendría que invertirse en mejorar el servicio, lo desviamos para que la gente, cuando llega llorando a la cooperativa porque no puede pagar un servicio esencial, tenga una respuesta. Desde las cooperativas, se les da respuesta a todos los usuarios; a las pymes, a la producción agrícola, a los residenciales. Esa es la función social que cumple la cooperativa. Entonces, no es lo mismo que la posición de las empresas privadas del sector, que te cortan el servicio y listo. Con todo esto, vemos que nosotros pagamos y que esas grandes empresas no pagan y se les condona la deuda”, analizó.

Sobre la condonación de deudas a privadas, Ciapponi aseguró: “No somos medidos con la misma vara. Para Edenor y Edesur, hay perdón por no pagar. Para nosotros, que también sufrimos el congelamiento, no hubo nada”.

Ciapponi dijo además que no se trata sólo de una cuestión de facturas eléctricas, sino que es otra muestra del avance del Gobierno hacia el sector cooperativo. “Hemos hablado con la secretaría de Energía en muchas oportunidades y nunca hemos tenido respuestas. El Gobierno Nacional y Cammesa saben perfectamente lo que están haciendo. Está clara la política del Gobierno Nacional: no le interesan las organizaciones cooperativas. Es un modelo económico con el que desacuerdan, por usar un término adecuado. Piensan que no sabemos administrar, que somos incapaces; que cualquier usuario pueda ser presidente de la empresa, para ellos es un desvalor. CALF estuvo antes de la Municipalidad, del Gobierno provincial, es un movimiento cooperativo, los vecinos lo interpretan de esa forma. Damos otros servicios que nadie daría. Lamentablemente, pocas cooperativas tienen la estructura económica de CALF y la espalda para hacer el planteo que estamos haciendo. Al Gobierno no le interesan las organizaciones de la economía social”, enfatizó.

Finalmente, Ciapponi adelantó: “Como CALF vamos a hacer un planteo técnico y económico y, si no llegamos a un acuerdo, terminará con un tema legal”.

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jr 

Editor Ansol

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