Lo aseguró Gisela Bustos, abogada de cooperativas autogestionadas que sufren en carne propia los aumentos en las boletas de luz y de gas. Denuncian la no atención por parte de la cartera de Energía y de los cuerpos parlamentarios que tienen en sus cajones la propuesta de tarifa social. 

2 Enero, CABA (Ansol).- Después de haber permanecido pacíficamente en el ya extinto Ministerio de Energía -ahora secretaría a cargo de la cartera de Economía- empresas recuperadas no consiguieron más que dejar una carta explicando que con el estado actual de las tarifas no se pueden mantener produciendo.

En diálogo con Ansol, Gisela Bustos, abogada de cooperativas autogestionadas como la 19 de Diciembre y Unidad por el Calzado, explicó cuáles son las razones que encuentran para que las boletas de electricidad y gas les lleguen con costos diferenciales y cómo fue el trato del Estado hacia ellos cuando fueron en busca de diálogo.

“Las tarifas llevan al cierre de empresas recuperadas, porque se combina con el conflicto económico: hay fábricas que no están trabajando. Se puede mantener unos días o semanas con la mejor predisposición de los compañeros, pero después no queda otra que cerrar.

Hay un amplio abanico en cuanto a rubros y a antigüedad. Algunos pagan 50 mil, otros un millón. En todos los casos, de 2016 a esta fecha las tarifas se multiplicaron, en el mejor de los casos, por diez. Ahora no está habiendo cortes, pero esa amenaza está siempre latente. Estamos totalmente hackeados. El achicamiento del Estado se siente concretamente todos los días. Las fábricas no funcionan, los compañeros no van a trabajar para no gastar la SUBE. Los clientes no tienen trabajo, menos se lo van a dar a otro. Las pymes llaman llorando a las empresas recuperadas. La cooperativa 19 de diciembre de la cual soy asociada pasó por 10 días sin producción”, contó Bustos.

Así, las cooperativas no están pudiendo proyectar a un mes, sino viviendo el día a día y reduciendo los ahorros o haciendo crecer las deudas, con los correspondientes aumentos en las tasas de interés.

Mientras tanto, cuando las cooperativas autogestionadas buscan diálogo con el Estado para encontrar soluciones en conjunto, encuentran provocaciones, explicó Bustos: Al no ver a alguien por parte del Estado que ponga la cara y arme una agenda, aunque sea para postergar la reunión, te exasperan. Dicen defender a ultranza al sistema republicano, pero no respetan los cauces institucionales, y eso genera violencia”.

Antes de la permanencia en Energía, las recuperadas habían denunciado destratos también en Producción y se habían juntado con Lucas Logaldo, jefe de Gabinete del Ministerio de Producción.

“Nos dijo que le pasáramos todo por mail. Lo hicimos cuando salimos de la reunión. Nunca nos contestó. Lo llamamos al celular y nunca atendió”, detalló Bustos.

La propuesta que las recuperadas dejaron por escrito en el Ministerio, con las firmas del Movimiento de Empresas Recuperadas, Fedecaba, la Red Gráfica Cooperativa, la Federación Gráfica Bonaerense, el sindicato de Curtidores, entre otras organizaciones y personalidades, incluía la diferenciación de tarifas basándose en el no fin de lucro y la inserción social.

En la Legislatura porteña, en la de San Martín, en el Congreso y otros cuerpos parlamentario hay proyectos de tarifas diferenciadas que no se hacen realidad.

“Deben tener en cuenta todo lo que hacemos por la inserción social: el sostenimiento de las fuentes de trabajo, la autogestión, los espacios abiertos a la comunidad como escuelas, bachilleratos, radios, bibliotecas, centros culturales, canales de televisión que tenemos las fábricas recuperadas”, ejemplificó la abogada y apuntó a las empresas distribuidoras de energía: “Creo que pueden hacerse cargo de esta diferencia, que no puede caer en los hombros de los trabajadores.

Editor Ansol

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