Tras una resolución del Instituto Inaes, las federaciones involucradas se posicionaron en contra de separar el consumo del resto de la factura. Explican que podría generar grandes inconvenientes administrativos. 

3 dic, CABA (Ansol).- La bomba fue soltada por el presidente Mauricio Macri vía Twitter. “A partir de la consulta de un vecino de Luján”, los usuarios “van a poder abonar por separado el consumo y tener claro qué cobra la cooperativa como adicional”, escribió el mandatario hace diez días. El sector cooperativo que se dedica a brindar servicios eléctricos recogió el guante y realizó una reunión entre las grandes federaciones nacionales y provinciales. Como resultado, surgió un duro comunicado que rechaza la resolución y advierte del daño que la misma provoca en las cooperativas y en los usuarios.

Según había explicado el presidente Macri, “antes de esta decisión, (los usuarios) podían sufrir cortes por falta de pago de conceptos que no estaban relacionados con el suministro de energía”. El método de facturación de las cooperativas eléctricas incluía no sólo el consumo de energía, sino también otros conceptos. “Ahora, van a poder abonar por separado el consumo y tener claro qué cobra la cooperativa como adicional”.

Federico Ferrero, presidente de la Federación Santafesina de Cooperativas Eléctricas, Obras y Servicios (Fescoe) explicó a Ansol que esos conceptos son brindados también por las cooperativas, como el agua o el alumbrado, o bien servicios de cobro no compulsivos que realizan para otras entidades sociales como los bomberos, por ejemplo.

“Esas entidades no tendrían el mismo éxito recaudatorio sin la asistencia de las cooperativas y podrían entrar en una gran crisis económica”, advirtió.

Para Ferrero, la modificación fue sorpresiva y significaría “grandes inconvenientes administrativos”, ya que “habría que emitir nuevas facturas, lo cual significa un aumento de costos por toda la logística”, además de que “se estima que pueda crecer la morosidad”.

Finalmente, aclaró: “La facturación es clara y transparente y está aprobada y consensuada por las asambleas cooperativas”.

Comandado por la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad (Conaice) y la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE), el cónclave definió “una posición en conjunto con todas las federaciones, en rechazo a este nuevo método de facturación que se quiere imponer”, contó a Ansol Omar Zorzenon, Coordinador de la Comisión de Política Energética de FACE.

“La única diferencia entre nuestra postura y la de Cooperar es que nosotros planteamos también rechazar administrativamente la resolución del INAES”, afirmó Zorzenon y agregó: “El INAES tiene una función de contralor de las cooperativas, pero evidentemente en materia de energía, la competencia la tienen los entes reguladores provinciales o nacionales y, en última instancia, la Dirección General Impositiva”.

Además, aclaró que “tratamos de tener la mejor relación con el INAES, obviamente. Pero no podemos dejar pasar que no tiene facultades para hacer lo que hizo”.

Entre los puntos centrales expuestos por el sector que brinda energía a casi 8 millones de argentinos y que nuclea a más de 600 cooperativas eléctricas, se encuentra el unánime rechazo a la resolución. “Con pesar, consideramos que en esta decisión gubernamental no se dimensiona adecuadamente la naturaleza jurídica de nuestras organizaciones ni el daño que esta medida pueda provocar a los propios usuarios de los servicios públicos que se intenta defender y, por derrame, el que le provoca a los pueblos del Interior de nuestro país”, firmó Cooperar.

Desde FACE, en tanto, publicaron el rechazo a “los alcances de la medida y advertimos con preocupación, los serios riesgos que trae aparejada la aplicación de la norma y sus graves implicancias a todas nuestras asociadas, no sólo por los enormes trastornos administrativos y financieros que conllevaría su implementación, sino fundamentalmente porque no es cierto que se beneficia al asociado-usuario y, por el contrario, va a causar indudables perjuicios a las cooperativas, porque en un contexto recesivo, con una inflación que no da tregua y las dificultades económicas que atraviesan muchos de nuestros asociados, va a ocasionar que se disparen los índices de incobrabilidad, vulnerando de esa manera, no sólo la capacidad para poder garantizar una normal prestación del servicio eléctrico, sino también la propia sustentabilidad de las entidades del sector”.

Para Zorzenon, “debemos hacer aunque sea un acto judicial individual de una cooperativa, que sostenga el tema desde el punto de vista legal y administrativo, para que no pase como que está bien. Eso no quita que no vayamos a reunirnos con el INAES para buscar una solución al tema como lo hacemos habitualmente”.

La Resolución 3442/2018, publicada en el Boletín Oficial por Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), obliga a las cooperativas eléctricas a “facturar tal servicio de forma autónoma e independiente de otros conceptos ajenos”.

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jr

 

Editor Ansol

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