(Ansol).- La empresa social La Huella, integrada por usuarios de salud mental deberá dejar el taller donde funciona desde 2008, en uno de los edificio del Hospital Borda.

“No contamos con los recursos hospitalarios para su instalación en condiciones aptas como las que la cooperativa tenía hasta ahora. Se abre para esta experiencia  innovadora tanto en el mundo cooperativo como en el mundo de la salud mental un momento de mucha incertidumbre sobre su posibilidad de constituirse como modelo replicable o quedar solo en un ensayo”, comunicó la cooperativa.

Sin embargo, también informó que su desafío será instalarse en el exterior del hospital psiquiátrico, sin perder el “interior”. 

La referencia al interior y el exterior del hospital remite al espíritu de la ley de Salud Mental, que busca superar el paradigma tutelar por el que la persona desfavorecida con una enfermedad grave como lo son muchas enfermedades psiquiátricas, un dispositivo institucional constituido bajo la idea del muro aumentará la dependencia, la disminución de las habilidades, mayor aislamiento y menos salud.

La ley considera a la internación como un último recurso en los tratamientos y, al pensar al usuario como sujeto de derecho, le otorga a la integración socio-laboral un papel privilegiado para el que la cooperativa de trabajo es una posibilidad.

“Una gran cantidad  de países, especialmente desde la década del ‘70,  han abordado esta problemática entre sus prioridades sanitarias y de salud pública. Si se analiza la salida que encontraron, se ve que la perspectiva es hacia un modelo de asistencia basada en recuperar derechos, autonomía y menor dependencia”, contó La Huella en el comunicado.

Las cooperativas sociales se han organizado en red, han sido reconocidas por universidades e incluso en el exterior, y actualmente están buscando que también lo haga el Estado.

Tienen en su haber los méritos de rescatar las capacidades de las personas tal cual se expresan, integrarse en un sistema productivo de calidad y de intercambios en diferentes mercados: públicos, privados,  institucionales solidarios.

Derechos incumplidos

Mientras tanto, de acuerdo con la asociación civil Red Por los Derechos de las personas con discapacidad, el porcentaje solo el 0,91 por ciento de las personas empleadas por el estado tienen alguna discapacidad, mienrtas que la ley Nº 25.689 exige un 4 por ciento, y la meta para 2019 fijada en el Plan Nacional de Discapacidad es del 2 por ciento.