(Ansol).- Las cooperativas de crédito de Uruguay han elevado el reclamo al parlamento, debido a que consideran que sus actividades están siendo dañadas por la vigente ley de inclusión financiera, ya que no las consideran dentro del acto cooperativo, lo que las deja al final del orden de prelación para el cobro de créditos y eleva el monto intangible del sueldo, hecho que impide que sus asociados accedan a tasas más bajas de interés.

El principal problema que plantean es la disparidad de criterios, dado que las cooperativas de consumo al estar incluidas en el acto cooperativo tienen un intangible del 30 por ciento y las de crédito casi un 50 por ciento.

Una delegación de las Cooperativas Nacionales Financieras Aliadas en Red (Confiar) que acudió al Parlamento informó que en conjunto las entidades de ahorro y crédito nuclean a 500.000 socios y suman un patrimonio de 300 millones de dólares, a la vez que reciben por año unas 400.000 solicitudes de crédito por un valor promedio de 15.000 pesos uruguayos y en un 80 por ciento de casos atienden a sectores de la población que están por debajo del ingreso mínimo.

Se estima que por las bajas tasas que ofrecen respecto al resto del sistema, existe un ahorro de $ 100 millones de dólares anuales para las familias.