(Ansol).- “Acá estamos en una situación de crisis total porque hace más de dos meses estamos en la toma de la empresa, tenemos más de tres meses de atraso de sueldo y la firma está concursada, tiene un pasivo de 83,5 millones de pesos, una deuda a la AFIP de 17 millones de pesos y una con la Mutual 12 de Enero porque nos descontaba por nuestros haberes pero no nos pagaban. Hoy pedimos apoyo porque no podemos aguantar más”, expuso el delegado de los trabajadores, Luis Baini, a dos meses de la toma.
Ayer, al frente de La Litoraleña, empresa dedicada a fabricar tapas de empanadas y tartas en el barrio de la Chacarita, los 82 trabajadores acompañados por la confederación CNCT, la federación Facta, representantes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), legisladores porteños y organizaciones sociales, realizaron una conferencia de prensa para detallar la situación laboral, que quedó paralizada la semana pasada.
“Toda la situación es nueva para nosotros, que somos los más perjudicados. Solo queremos trabajar pero a cambio, la patronal nos mandó el viernes pasado 29 telegramas de despido, que se suman a los otros tres que ya mandaron en mayo”, contextualizó Ramón Álvarez, trabajador de la empresa en la que resisten los obreros desde hace casi 60 días, en diálogo con Ansol.
“Hay un expediente judicial. El señor (Rodolfo) Conti dejó de pagar salarios y cuando los trabajadores empezaron a tomar medidas, como el paro, lo que hizo fue enviar telegramas de despido a los más antiguos y así tener menor costo a la hora de indemnizar y achicar, en su lógica, costos laborales”, dijo el legislador porteño José Campagnoli, quien acompañó a los obreros de La Litoraleña.
Estafa
Durante la actividad, los trabajadores revelaron que además de la deuda salarial que lleva tres meses y el vaciamiento de la empresa, la patronal los estafó porque “nos descontaban de nuestros haberes unos créditos que sacamos con la Mutual 12 de Enero, pero no pagaban”, tal como expuso Baini.
En ese sentido, Campagnoli  aportó que la acción “configura un delito penal porque ellos han retenido los aportes para la mutual, la mutual no recibió el dinero y no lo liquido. Hay una figura de vaciamiento y además les robó a los trabajadores”.